Luego de que Morena y sus aliados aprobaron 18 reformas a leyes y dos reformas constitucionales en la sede alterna de Xicoténcatl, sin que estuviera presente la oposición y sin diálogo, empresarios del país han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisarlas, debido a posibles ilegalidades y falta de respeto a la pluralidad.
En entrevista con Darío Celis para Tiempos de Negocios de El Heraldo Media Group, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que en dos semanas se observó «un tsunami de iniciativas de reformas», y aunque reconoció que en la Cámara de Diputados sí hubo posibilidad de diálogo, especialmente en relación con la Ley Minera, no ocurrió así en el Senado.
«Desgraciadamente cuando pasan al Senado, ya no hubo posibilidad de diálogo», manifestó.
Medina Mora indicó que se requiere el debido proceso legislativo en cualquier iniciativa, discutirse en comisiones y de ahí llevarse al pleno para escuchar a todas las voces.
«Se deben escuchar a las distintas fuerzas políticas, no queremos situaciones como las que vimos, en donde simplemente apliquen ese mayoriteo sin discutir, sin dialogar ni llegar a acuerdos».
Por ello, destacó, que ahora están atentos a que se presenten esas acciones de inconstitucionalidad y será la SCJN la que resuelva si esas leyes siguen vigentes o son desechadas. Agregó que los partidos de oposición estarán presentándolas, y desde la ciudadanía, la Coparmex y los órganos empresariales estarán atentos para ver el transcurso de la discusión en la Corte.
«Confiamos en la SCJN, ha sido realmente la división de poderes, el Poder Judicial el que ha permitido que se respete la Constitución, no debe haber ninguna ley que vaya sobre la Constitución o sobre los tratados internacionales que hemos firmado», expresó.
Dijo que eso envía una mala señal a la inversión, razón por la que hay diversos proyectos detenidos, ya que se cuestionan si México respetará lo que firmó en los tratados internacionales.
Finalmente, aclaró que los empresarios no pueden presentar una acción o controversia inconstitucionales, pues le corresponde a los partidos de oposición; sin embargo, analizarán si es necesario aportar un amicus curiae para darle más elementos a la Corte.
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